18
Jul

Investigaciones abiertas y burbuja sanitaria

Ayer el diario El País se hacía eco de un artículo publicado en el British Medical Journal sobre el anuncio del gobierno británico de liberar el acceso para cualquier ciudadano a los artículos científicos generados a partir de investigaciones pagadas con fondos públicos.

Ante estos artículos y las numerosas reflexiones hechas en la blogosfera sanitaria, hoy queremos reflexionar sobre el gasto público en investigación y en sanidad.

Normalmente cuando un investigador descubre “algo” lo primero que hace es mandar su trabajo a la publicación científica que corresponda; de esta manera es la editorial la dueña del contenido, hasta el punto de que sus colegas deberán incluso pagar para poder conocer esos nuevos avances descubiertos.

Evidentemente el trabajo de la editorial no termina ahí, en muchos casos los trabajos son revisados por otros profesionales para otorgarle mayor calidad a la publicación, y ese trabajo se lo suelen cobrar al autor.

Hasta ahí puede parecer un negocio lógico, pero ¿qué ocurre cuando la investigación está financiada por el Estado?

En España contamos con una normativa de 2011 que se aproxima a la iniciativa británica, el Artículo 37 de la Ley 14/2011, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación:

2. El personal de investigación cuya actividad investigadora esté financiada mayoritariamente con fondos de los Presupuestos Generales del Estado hará pública una versión digital de la versión final de los contenidos que le hayan sido aceptados para publicación en publicaciones de investigación seriadas o periódicas, tan pronto como resulte posible, pero no más tarde de doce meses después de la fecha oficial de publicación.

3. La versión electrónica se hará pública en repositorios de acceso abierto reconocidos en el campo de conocimiento en el que se ha desarrollado la investigación, o en repositorios institucionales de acceso abierto.

5. El Ministerio de Ciencia e Innovación facilitará el acceso centralizado a los repositorios, y su conexión con iniciativas similares nacionales e internacionales.

Según lo expuesto, las publicaciones en España tienen un modelo mixto. Se da un plazo a las revistas y a los autores para explotar la información antes de obligarles a poner a disposición gratuita los artículos en la red. Pero ese sistema requiere de bases de datos accesibles, que el Centro Nacional de Investigaciones Cardiológicas (CNIC) se plantea crear junto a otras organizaciones; ya que por el momento el sistema no es efectivo.

En el caso inglés, todos los estudios científicos publicados en Gran Bretaña que hayan sido subvencionados con dinero público deberán ser de acceso gratis para todo el público, sean de donde sean y se dediquen a lo que se dediquen.

Los autores deberán publicar de forma abierta e inmediata en Internet todos los artículos al tiempo que se publican en la revista. Para ello, universidades y editoriales deberán llegar a un acuerdo sobre los precios a la hora de publicar en cada revista, ya que si tenemos en cuenta que las revistas más prestigiosas son las de pago (y por tanto las que exigen más dinero para publicar en ellas) este hecho modificará enormemente las tarifas y por consiguiente los beneficios editoriales.

El único problema que se plantea es que cualquier persona podrá acceder a esos contenidos pagados por los británicos, pero éstos tendrán que seguir pagando por leer lo que se publica en otros países. Aún así su iniciativa supone un gran avance.

“Va a permitir a los académicos y al mundo de la empresa desarrollar y comercializar sus investigaciones de manera más fácil y pregonar una nueva era de descubrimientos académicos”, declaraba al diario español el ministro británico de Universidades y Ciencia, David Willetts.

Al tiempo que en Inglaterra reclaman el fruto de lo público, en nuestro caso se reclama la semilla de lo público. En unas semanas cargadas de recortes sanitarios, ya sea en química como en personal y salarios, los expertos en economía reflexionan tras la burbuja del sector inmobiliario con la `burbuja sanitaria´.

El economista Juan Ramón Rallo afirma en The Wall Street Journal, que esta burbuja sanitaria ha crecido paralelamente a la inmobiliaria; y como con esta última ahora toca pincharla. Los expertos reconocen que deberíamos volver al gasto sanitario de 2001 para poder evitar el riesgo de impagos y no generar más desconfianza en los mercados. El motivo de esta situación es que, como en otros sectores, el crecimiento del gasto sanitario público entre el 2002 y el 2009 ha sido muy superior a nuestro PIB per cápita. Ahora toca volver para atrás a un precio demasiado alto; de modo que es probable que el problema de publicar, o no, en abierto no suponga un dilema especial porque la probabilidad de que haya estudios médicos con financiación pública es, tristemente, muy baja.

 

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